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En fechas pasadas, la APIF atendiendo al hecho de que la Comisión Europea preparaba su informe sobre el Estado de Derecho en la Unión para el año 2021, remitió a dicho organismo una serie de informes y quejas sobre la situación de extrema politización de la Fiscalía, con expresión de algunos de los hechos más graves que se vienen produciendo, así como sobre la situación real en la que trabajan los fiscales.  Adjuntamos los correspondientes informes.

El próximo día 19 de octubre de 2021a las 9.30, se celebrará en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la vista en el Procedimiento Conflicto Colectivo 195/2021, por demanda de la APIF contra el Ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal a fin de que se dote a la Carrera Fiscal de un Plan de Prevención de riesgos laborales como tienen todos los trabajadores españoles.    Parece increíble lo que ocurre en esta carrera, pero hay que conseguir la materialización de los derechos más elementales a base de procedimientos.    Con el silencio del  Consejo Fiscal, por cierto.

Lo lamentable de la dejación de la FGE y del Ministerio de Justicia en materia de prevención de riesgos laborales es que constantemente se dan situaciones (con fiscales mayores, embarazadas o lactantes, enfermos) que afectan a compañeros que por no tener una normativa particular a que acogerse, han de iniciar lentos y difíciles procesos, muchas veces en vía contencioso administrativa, que dan como mucho soluciones individuales a un problema común.  Por eso, estamos decididos a que esto cambie.   Tras la reunión mantenida con la FGE, la Comisión Ejecutiva de la APIF ha emitido un comunicado con nuestras reclamaciones inmediatas sobre la cuestión, y también con una serie de propuestas a la FGE para solucionar los aspectos más graves de la situación actual para los compañeros.

Si reparamos en otros cuerpos de élite de la Adminiistración es difícil encontrar ninguno con una carencia de derechos profesionales como la Fiscalia.  Ni posibilidades de desplazamiento, ni riesgos laborales, con un sistema disciplinario casi franquista. Y paradógicamente, tenemos un Consejo Fiscal que debería servir para estas cosas, pero que no consigue encontrar el modo de hacerlo.  

Los compañeros de la Carrera Judicial llevan diez años luchando por conseguir avances en prevención de riesgos laborales.  Y en muchas otras áreas.  Y lo están consiguiendo.   Tienen desde el año 2012 una Comisión Nacional de Seguridad y Salud para la Carrera Judicial; desde el año 2015 un Plan de Prevención de Riesgos laborales, y han conseguido que el CGPJ haya asumido como una obligación de prevención de riesgos la limitación de la carga de trabajo.   ¿Y nosotros? Nada por ahí.  Ni por la protección de las mujeres embarazadas, o de los enfermos o de los mayores, adaptando la organización de trabajo a sus circunstancias personales.  Eso es la protección de riesgos.   Por ello, la APIF acaba de instar a la FGE y al Ministerio de Justicia a que cumplan sus obligaciones en esta materia, asumiendo nosotros nuestros de derechos de negociación colectiva y reservandonos por supuesto la posibilidad de demandarles en la vía social como han hecho hasta en tres ocasiones nuestros comañeros de la carrera judicial.  Colgamos la carga dirigida a la Fiscal General, muy semejante a la enviada al Ministro de Justicia.

Por vía telemática, se ha celebrado los días 26 a 28 de octubre el Curso "Prevención de riesgos laborales y otros derechos de los fiscales", organizado por la APIF y dirigido por el fiscal, Miguel Pallarés, con la presencia de numerosos especialistas en la cuestión.   

El curso tiene máximo interés, puesto que la Fiscalía carece de un Plan de Prevención de riesgos laborales mínimamente adaptado a nuestro trabajo, con lo cual riesgos como la sobrecarga de trabajo, la mala organización, los abusos en el trabajo o el síndrome del quemado (burnout) no encuentran cauce de prevención ni de solución.   Los compañeros de la Carrera Judicial están duramente litigando en defensa de la protección de sus derechos en materia de prevención, con la pretensión de que se limite la carga de trabajo que soportan los jueces.   Los fiscales vamos a iniciar ese camino.  Dejamos aquí el trabajo que nuestro compañero Salvador Viada ha elaborado, en el citado curso, y donde examina cuales son los derechos de los fiscales en esta materia, y como luchar para hacerlos efectivos.

La asociación ha remitido el día 10 de septiembre un Comunicado a los medios exigiendo a la Fiscal General que convoce las plazas más importantes de la Carrera cuyos titulares han visto vencidos sus plazos de nombramiento pero que siguen en los mismos por decisión de la Fiscal General.  Obviamente, los titulares de esas plazas no merecen reproche alguno por ello, puesto que no es su decisión.   Pero si la merece la Fiscal General, que al tiempo que les mantiene en los puestos sin cobertura legal estatutaria, les incrementa sus funciones ordinarias con el despacho de asuntos en algún caso trascendentales para la Fiscalía y para el Estado.  La Fiscalía no es de la Fiscal General, la Fiscalía es una institución del Estado sometida a las reglas establecidas, y creemos que hay que respetarlas.  A continuación se reproduce el Comunicado.

La APIF muestra su preocupación por un fenómeno que se viene produciendo en la Fiscalía en estos tiempos y que no creemos que deba ser pasado por alto porque en absoluto es irrelevante.  

El art. 41 del EOMF dice:

“El Teniente fiscal del Tribunal Supremo, los Fiscales de Sala a que se refieren los artículos Veinte y Treinta y Cinco. Uno k) de este Estatuto y los demás Fiscales Jefes pertenecientes a la primera categoría serán nombrados por un período de cinco años, transcurridos los cuales cesarán en sus cargos, salvo que sean nombrados de nuevo para esa jefatura por sucesivos periodos de idéntica duración. A la expiración del plazo legal, si no fueran confirmados o nombrados para otra jefatura, quedarán adscritos a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las Fiscalías cuyo Jefe pertenezca a la primera categoría, conservando en todo caso su categoría”.

No queda pues legalmente al arbitrio del Fiscal General mantener libremente en sus cargos a los fiscales cuyo cargo ha vencido, salvo convocando el correspondiente concurso y nombrando de nuevo a las personas por otro periodo.   Sin embargo, vemos que los dos puestos más importantes en la Fiscalía están desempeñados por fiscales cuyos mandatos vencieron hace bastante tiempo, y siguen en funciones sin sacar la Fiscal General las plazas a concurso, asumiendo importantes tareas, incluyendo delegaciones de la Fiscal General y abriendo expedientes disciplinarios.  Esos fiscales creemos que por su prestigio y trayectoria merecerían seguir en sus puestos, pero solo bajo el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías, no por actuaciones de favor de la Fiscal General.  Además, resulta que son miembros natos en el Consejo Fiscal, y actúan por tanto con plenitud de ejercicio profesional sin –a nuestro juicio- respaldo estatutario.  La cuestión es de extraordinaria importancia, no solo en relación a la influencia que dichas personas tienen en el ejercicio profesional con importantísimas responsabilidades, sino también porque son miembros natos en el Consejo Fiscal y lo son en razón a la autoridad que los cargos para los que fueron nombrados suponen en la Fiscalía, de manera que influyen en los nombramientos para los cargos discrecionalesen la Carrera que deben ser decididos oído el Consejo Fiscal.  

Hemos visto en el pasado como Fiscales Generales continuaban en funciones tras cesar el Gobierno que les nombró (sin previsión estatutaria), y ahora vemos como con los más altos cargos de la Fiscalía sucede lo mismo.   En la APIF creemos que las reglas son para todos y por tanto solicitamos de la Fiscal General que respete los tiempos establecidos en la ley y saque las plazas de manera inmediata.

Madrid, a 10 de septiembre de 2020

La Comisión Ejecutiva de la APIF

El pasado día 19 el Ministro de Justicia recibió a la totalidad de asociaciones profesionales de Jueces y de Fiscales.   La APIF le entregó un documento del cual el Ministerio podría extraer muchas buenas ideas para mejorar realmente la Justicia, y también la situación profesional de los servidores de la misma.  Os dejamos el documento tal como le fue presentado.

ACCIONES APIF EN RELACIÓN CON LA VICTORIA PROCESAL DE FISCALES DE MÁLAGA 

APIF LAMENTA FALTA DE MOVILIDAD EN LA FISCALÍA, INCLUSO EN CASO DE RIESGOS PARA LA SALUD DE LOS FISCALES

La APIF ha elaborado un escrito para denunciar una situación particular de una compañera, relacionada con la imposibilidad material de trasladarse los fiscales de un lugar a otro a través de concursos ordinarios, que padecen muchos fiscales.   Creemos que ya está bien, ya que la FGE no ofrece ni soluciones generales, ni particulares, ni siquiera en casos extremos.  En este caso, el médico de salud laboral de Ministerio de Justicia se pronuncia porque la fiscal -que padece una enfermedad importante- no esté alejada del domicilio familar que está en Madrid, donde están sus médicos, sus familiares y las posibilidades de facilitar su vida y el restablecimiento de su salud.  La Fiscalía -y el Consejo Fiscal- dicen que no y la compañera se reincorpora de su baja a su destino.   

APIF PIDE INFORMACIÓN A LA FGE SOBRE CASO GRÚAS DE LAS PALMAS, Y TIENE ESTA RESPUESTA